Delitos Urbanísticos

En aquellos casos en los que un promotor, constructor o técnico director que lleve a cabo una obra de urbanización, construcción o edificación NO autorizable en suelo destinado a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan reconocido un valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural.

También se condena aquellas obras realizadas por promotores, constructores o técnicos directores en suelo no urbanizable.

Artículo 319 y siguientes del Código Penal

Las penas de prisión por la comisión del primero de los delitos arriba detallados oscilan entre 1 año y 6 meses y 4 años, multa de 12 a 24 meses, e inhabilitación para el ejercicio de su profesión entre 1 y 4 años.

Las penas de prisión por la comisión del segundo de los delitos detallados oscilan entre 1 y 3 años, multa de 12 a 24 meses, e inhabilitación para el ejercicio de su profesión entre 1 y 4 años.

También se podrá condenar con la demolición de la obra ilegal y la reposición a su estado originario, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe que pudieran haberse visto perjudicados.

Audiencia Provincial de Madrid (sec. 15ª) de fecha 09-12-2014:

“Planteada en estos términos la impugnación del Ministerio Fiscal, hemos de recordar que la conducta tipificada en el art. 319.2 del Código Penal (EDL 1995/16398), en la redacción vigente en el momento de los hechos, era llevar a cabo , por promotores, constructores o técnicos directores, una edificación no autorizable en el suelo no urbanizable . Ello contrasta con la redacción de dicho artículo tras la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio (EDL 2010/101204), en la que, junto a la edificación, se incluyeron en el tipo las obras de urbanización y construcción . Como señala la STS 54/2012, de 7 de febrero, remitiendo a la STS 1182/2006, de 29 de noviembre, debe tenerse en cuenta la significativa diferencia terminológica utilizada por el legislador, que emplea el vocablo «construcción » como acción típica en el epígrafe 1º del precepto, y «edificación» en el 2º, mucho más restringido que el otro. Por lo tanto, con arreglo a tal criterio, es obligada la conclusión de que en la reforma de 2010 se amplió el ámbito de la conducta típica, extendiéndola a actuaciones de menor entidad y alcance que las hasta ese momento requeridas. Es cierto que, como dice el Ministerio Fiscal, hay un concepto legal de edificación en el art. 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (EDL 1999/63355). En dicho artículo, se considera edificación la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, incluyendo, entre otros supuestos, las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. Ahora bien, el Tribunal Supremo, a propósito del concepto de promotor empleado en el art. 319.2 del texto punitivo, ha rechazado trasladar la citada ley al ámbito penal. Así la STS 676/2014, de 15 de octubre, con cita de la STS de 26 de junio de 2001, señala que la jurisprudencia ha dejado claro que no estamos ante un concepto ligado a categorías profesionales sino ante una noción material que no es vicaria de categorías civiles o administrativas (más allá de que en la actualidad ese concepto pueda coincidir con la definición del art. 9 de la Ley de Ordenación de la Edificación (EDL 1999/63355)). En cualquier caso, el propio artículo 2 Ley de Ordenación de la Edificación (EDL 1999/63355) exige para que esta se produzca, cuando de obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación se trata, que produzcan una variación esencial o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.

Teniendo en cuenta ese menor alcance del ámbito típico existente en el momento de los hechos y también las restricciones que, en el caso de obras de ampliación, reforma o rehabilitación se contienen en la Ley de Ordenación de la Edificación, así como la interpretación restrictiva que necesariamente hemos de asumir en materia penal, junto con las exigencias del principio de lesividad, la absolución de los acusados en primera instancia puede ser perfectamente asumible, dado que las actuaciones de los acusados fueron efectivamente de reparación, rehabilitación o ampliación de viviendas preexistentes, sin que en los hechos probados de la sentencia, que no han sido objeto de impugnación, se contengan elementos suficientes para apreciar que tales actuaciones, a pesar de su condición de no autorizables conforme a la normativa urbanística existente en ese momento, un quebranto de la ordenación del territorio y, por lo tanto, tuviesen entidad suficiente para rebasar el marco administrativo y dar lugar al delito. A lo anterior se suma, para sustentar la confirmación de este apartado de la sentencia apelada, lo ya razonado respecto a la necesidad de oír a los acusados en esta segunda instancia y a la falta de solicitud de ello en el escrito de recurso, así como a la no existencia de previsión legal.”